En una reunión reciente en el corazón de Santo Domingo, un joven empresario relató cómo, hace apenas cinco años, comenzó su negocio con una idea simple: mejorar el acceso a alimentos frescos en comunidades rurales. Gracias a un pequeño préstamo y al respaldo de un programa de capacitación, su empresa ha crecido hasta generar empleo para más de 20 familias. “Esto no solo cambió mi vida”, afirmó con orgullo, “también cambió mi comunidad”. Esta historia, aunque inspiradora, es un reflejo de las oportunidades que podemos escalar como país si ponemos en el centro de nuestras decisiones políticas y económicas a las personas.
República Dominicana vive un momento crucial. Hemos sido testigos de un crecimiento económico robusto, con tasas promedio del 5.3 % anual en la última década, según datos del Banco Central. Este desempeño ha consolidado nuestra posición como una de las economías más dinámicas de la región, pero también nos obliga a mirar más allá de las cifras y analizar cómo este progreso impacta la vida de los dominicanos. La verdadera medida del éxito no está en el crecimiento del PIB, sino en el desarrollo humano, como lo señala Amartya Sen: “El desarrollo debe enfocarse en las capacidades de las personas para vivir la vida que valoran”.
La productividad, motor del crecimiento sostenible, sigue siendo uno de nuestros mayores desafíos. Aunque la economía ha crecido, el índice de productividad laboral apenas ha aumentado un 1.5% anual, lo que limita nuestra competitividad en un mundo globalizado que exige innovación y eficiencia. Como planteó Douglass North, “el desarrollo no depende solo de recursos, sino de instituciones que promuevan el cambio”. En la República Dominicana, transformar nuestras instituciones educativas y productivas es crucial para cerrar esta brecha.
El sistema educativo, en particular, debe convertirse en una prioridad nacional. Las pruebas PISA han ubicado al país entre los últimos lugares en términos de calidad educativa. Esto no solo afecta la capacidad de nuestros jóvenes para integrarse al mercado laboral, sino que también limita nuestra competitividad en sectores estratégicos como la tecnología, el turismo y las industrias creativas. Estudios del BID indican que un incremento del 1% en la calidad educativa puede generar hasta un 5% de crecimiento en el PIB a largo plazo. Es hora de transformar la educación en una herramienta de desarrollo y movilidad social.
Es oportuno destaca que las desigualdades sociales, por otro lado, siguen siendo una barrera para el desarrollo integral del país. Según la Cepal, el 20% más rico de la población concentra casi el 50% del ingreso nacional, mientras que el 20% más pobre apenas accede al 5%. Esta realidad no solo perpetúa la pobreza, sino que también frena la cohesión social y el potencial económico del país. Thomas Piketty, en su obra Capital in the Twenty-First Century, destaca que las desigualdades no resueltas son un freno para la prosperidad colectiva. La inversión en bienestar social, por tanto, no es solo una cuestión ética, sino una estrategia económica inteligente.
Programas como Familias Felices, que han mejorado el acceso a la vivienda para miles de familias, son ejemplos concretos de cómo las políticas públicas pueden transformar vidas. Según datos del BID, cada dólar invertido en educación primaria de calidad genera un retorno de $5 en productividad. Estas inversiones no solo reducen las desigualdades, sino que también fortalecen la cohesión social y dinamizan sectores estratégicos como la construcción y los servicios.
El cambio climático, sin embargo, amenaza con intensificar las desigualdades y limitar el desarrollo económico. La República Dominicana se encuentra entre los países más vulnerables a los desastres naturales, con un 12% de su PIB en riesgo, según el Banco Mundial. Cada huracán, cada sequía, es un recordatorio de que necesitamos un enfoque más resiliente. Mejorar nuestras infraestructuras, actualmente rezagadas con una inversión de apenas el 2.3% del PIB frente al promedio regional del 3.5%, no solo reducirá los riesgos asociados al cambio climático, sino que también generará empleo y fortalecerá nuestra economía.
El sector energético y la gestión del agua son áreas prioritarias para garantizar la sostenibilidad. En el ámbito energético, la transición hacia fuentes renovables puede reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles y ahorrar hasta US$300 millones anuales en costos de importación. En cuanto al agua, las pérdidas por ineficiencia alcanzan el 40%, un costo económico que supera los US$1,000 millones anuales. Estas mejoras no solo son necesarias para garantizar recursos básicos a la población, sino también para impulsar sectores clave como la agricultura y el turismo.
La innovación empresarial y financiera tiene un papel crucial en esta transformación. Las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan el 50% del empleo formal, enfrentan barreras significativas para acceder al financiamiento. Actualmente, solo el 17% de estas empresas tiene acceso al crédito, lo que limita su capacidad de crecer y generar más empleos. Cerrar esta brecha mediante plataformas digitales de financiamiento y programas de educación financiera podría generar más de 120,000 empleos en los próximos cinco años, según estimaciones del BID.
A pesar de estos desafíos, República Dominicana cuenta con fortalezas únicas que pueden servir como base para el cambio. Nuestra economía es estable, con reservas internacionales que superan los US$16,000 millones, y nuestro sistema democrático permite construir consensos en torno a temas críticos. El diálogo público-privado, como el logrado en el Pacto Eléctrico, es un ejemplo de cómo el trabajo conjunto puede producir resultados concretos. Estas fortalezas, si se aprovechan con visión estratégica, pueden posicionar al país como un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible en la región.
Ha-Joon Chang, en su obra Kicking Away the Ladder, señala que las economías exitosas han sabido aprovechar momentos de transformación para implementar políticas estratégicas que prioricen la equidad y la sostenibilidad. Para la República Dominicana, este es uno de esos momentos. Según la Cepal, un enfoque integrado que combine educación, infraestructura resiliente y energías limpias podría añadir un 1.8% al crecimiento anual del PIB en la próxima década, lo que equivaldría a más de US$12,000 millones adicionales para la economía.
La historia nos enseña que las grandes transformaciones no suceden por casualidad, sino por la voluntad de las personas que imaginan un futuro mejor y actúan para hacerlo realidad. Hoy, como nación, tenemos la oportunidad de ser un referente regional en desarrollo humano, sostenibilidad e innovación. Pero este futuro no se construirá solo. Es el momento de tomar decisiones audaces, de invertir en las personas y de garantizar que el progreso no sea un privilegio de unos pocos, sino un derecho para todos.
En este contexto, el liderazgo debe trascender los límites de la política convencional. Necesitamos estadistas que comprendan que gobernar no es solo administrar recursos, sino inspirar, guiar y unir. Un estadista no solo ve los retos del presente, sino que imagina el país que podemos ser en 20, 30 o 50 años.
Es alguien que entiende que cada política, cada inversión y cada decisión es una pieza en el rompecabezas de un futuro compartido. La República Dominicana está en busca de líderes que, como arquitectos del cambio, diseñen un país que no solo prospere, sino que también inspire. El momento de construir ese liderazgo es ahora.
