Publicado: lunes 27 de junio del 2022
Fuente: diariolibre.com
Por: Inés Aizpún
Al año de haber asumido el cargo del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, se presentó en el Congreso para una rendición de cuentas detallada.
Si alguien no se había enterado de que existía la institución, el “caso del canódromo” lo explicó. Que el ciudadano entendiera la función de la figura del Defensor ha marcado muchas de las acciones de este primer año.
El motivo para explicarse ante el Congreso (órgano que lo nombró) es su convicción de que “hay que crear una cultura de transparencia pero por rendición de cuentas. Es decir, todos somos transparentes, pero vamos a rendir cuentas detallando los planes desarrollados, esos planes participativos y democráticos que se hicieron con metodologías del PNUD.”
—¿Por qué el PNUD?
Lo que pasa es que para poder llegar a nivel nacional con apenas un mes en el cargo necesitábamos un soporte que no estaba listo todavía en la institución.
—A su paso por el Tribunal Constitucional, usted fue uno de los primeros funcionarios en utilizar al PNUD en los procesos de compras y contrataciones ¿Por qué?
Cuando inicia el Constitucional, el tribunal completo estaba en un maletín que tenía una laptop y la chequera. Yo tenía 32 años en ese momento. ¿Qué infraestructura podía tener para el expediente de una licitación? ¿Cómo hago comparaciones de presupuesto? Yo era director Administrativo y Financiero y me tocó la responsabilidad de montar la estructura orgánica que eran todos los empleados y procesos. ¿Cómo garantizo un control interno? Era un riesgo muy grande para una persona muy joven que debía responder a la confianza de 13 jueces que estaban centrados única y exclusivamente en superar el pasivo de sentencias que había en la SCJ. Heredaron unos 5,000 expedientes y empezaron a generar sentencias, porque eso es el centro del Constitucional. Todo lo otro, recaía en mí. Si tú no quieres hacer lo mal hecho te resguardas. En ese sentido, el Tribunal también fue muy flexible y los jueces entendieron poder garantizar ese nivel de competencia y transparencia de un debido proceso que en ese momento necesita de un apoyo.
—Muchos funcionarios de alto nivel “necesitan al PNUD”. ¿No confían en hacer compras sin supervisión externa?
Yo confío al punto tal que ya hago procesos, aunque con ciertas limitaciones. Tomé un mes para analizar el flujograma de la institución, los procesos internos y se nombró un contralor que era un empleado que tenía siete años. Con eso, ya doy pasos más fuertes y hago otros procesos de más nivel. La Ley de Compras te da umbrales que si sobrepasas te bajan de categoría, pero no puedo tener la seguridad de que el expediente lo van a sacar.
El canódromo
La visita del defensor del Pueblo al Canódromo se produjo el lunes 11 de abril. Respondía a la demanda de ciudadanos perjudicados por el sistema de retención de vehículos ante una infracción. Miles de motores se amontonan en el antiguo canódromo y de acuerdo con denuncias recibidas incluso en este periódico, se recupera el vehículo… con algún pago extra.
—¿Le sorprendió lo que pasó? Llevaba chaleco antibalas, algo se esperaba…
Honestamente, pensaba que el país había evolucionado pero me sorprendí realmente. Incluso, el día antes fui a misa. Porque para mí era algo normal, yo iba a hacer una inspección como se han hecho otras.
—Curioso que mencione que fue a misa…
Porque estaba tranquilo e incluso había salido de una buena reunión. Yo pensaba que el día iba a fluir normal; no entendí. Estamos hablando de manipular armas. Me dio vergüenza porque agredieron a un compañero en la cara.
—¿Cómo ha evolucionado el suceso?
Estamos en dos vertientes, la policial y la penal institucional que tiene que ver con el proceso que nosotros iniciamos. Solo nos queda pendiente que el Inacif haga una certificación del tema de las agresiones para seguir con la querella penal. Nosotros iremos hasta el final con esto.
—¿Hay intención de desmantelar ese sistema?
Yo participé en tres reuniones y en la cuarta me retiré porque les dije que no soy parte de los ejecutivos. Ellos deben presentar una solución a la sociedad dominicana y yo fiscalizar en cada momento que se dé. Participaron el ministerio y el jefe de Interior y Policía, el director de Digesett, el Intrant, Aduanas e Impuestos Internos y Contraloría. Lo que se planteó fue hacer una convocatoria de 15 días para que el que tenga su documentación, retire su vehículo. Se hicieron borradores en los que participaron Aduanas e Impuestos Internos pero ya llegó un punto donde uno no puede estar en una estructura como si fuera parte de un ejecutivo. Eso desnaturaliza a la institución.
La institución
—¿Considera que la gente entiende la función del Defensor del Pueblo?
Sí y no. Sí porque entiendo que hemos dado ejemplo de actuaciones responsables en el marco de atribuciones de la ley, lo que ha hecho que la gente vea cuáles son esas atribuciones. Pero hay que trabajar más en el proceso de capacitación de la ciudadanía, en el sentido de visibilidad pero en el término de pedagogía social, no en el término de publicidad.
—¿Cuál es su presupuesto?
A nosotros nos asignaron 240 millones de pesos y empezamos con 145. Pretendo plantear un aumento para fortalecer la estructura interna, porque nos subieron un 201% las reclamaciones y hemos logrado que un 78% de las reclamaciones al Defensor sean respondidas por la Administración. Cuando llegamos era el 15%. Ahora trabajamos a un mayor nivel provincial y municipal que demanda mayor esfuerzo. Definimos cuatro procesos: atención, investigación, notificación y litigio. Pero esas áreas hay que fortalecerlas porque solo escritos, se hicieron 18 escritos de opinión.
—¿Qué indica esto?
Que la gente nos está involucrando en los puntos de vista de los procesos. Por ejemplo, la Asociación de Sordos hizo un recurso de amigo de la corte (amicus curiae) en el Constitucional pero nos pidieron que participáramos de manera voluntaria. Cuando las personas hacen recursos colectivos de derechos, involucran al Defensor. Hay casos como en Educación. Cuando las universidades no estaban abriendo las aulas a la presencialidad la Asociación de padres de estudiantes universitarios pidió que los ayudáramos a crear la estrategia legal para poder someterlo al Tribunal Administrativo.
—¿Qué pasó?
Las universidades decidieron abrir. En la UASD entró el tema político. La UASD es un concepto más amplio que el solo hecho del derecho a la educación superior no basta.
—Pero que no abran las clases presenciales…
Ahí entró el Mescyt, entonces intervinimos en procesos internos con sus empleados. Pero como ellos tienen su proceso, debe haber un elemento de derecho administrativo que el defensor pueda exigir su cumplimiento. Independientemente de, con el tema de la presión, había elementos de dónde agarrarse para poder ejercer, porque ahí entra el populismo e institucionalidad. Es mejor quizás dejar algún aspecto para que la opinión pública lo asuma como parte de la democracia que tenemos y no entrar en la confrontación por temas de visibilidad porque volvemos al punto: si no hay una resolución del Consejo Nacional de Educación Superior, no podemos atacar. Ya hay un tema de clamor, necesidad y demás.
