El profesor y experto en políticas públicas Pablo Ulloa consideró que el Senado respetará el debido proceso en la escogencia del nuevo defensor del Pueblo, cargo al cual aspira.
Ulloa destacó que de alrededor de 99 postulantes fue el candidato que mejor calificación obtuvo y que es el único aspirante al defensor del Pueblo que tiene una página web en la que figura su plan de gestión para esa institución.
También es el único de los tres finalistas de la terna para el cargo a quien no se le conoce vínculo con partidos políticos. Los otros dos son Henry Merán, reconocido dirigente de la Fuerza del Pueblo, y Fidel Santana, quien abandonó la dirección del Frente Amplio, para perseguir la posición.
El artículo 11 de la Ley de Defensor del Pueblo señala: “El Defensor del Pueblo no podrá pertenecer a partido político alguno, ni participar en actividades de carácter político partidario”.
Pablo Ulloa manifestó tener “altas” expectativas de ser elegido defensor del Pueblo, porque obtuvo la puntuación más alta en la evaluación y porque cree en la institucionalidad.
“O sea, el elemento del defensor del Pueblo está claro en mi formación. Ahora, el Senado es libre de poder hacer lo que quiera, yo apuesto a que se va a respetar el debido proceso y los resultados del mismo”, enfatizó.
Ulloa obtuvo la puntuación de 97.44 de 100, seguido de Merán que obtuvo 95.94 y Santana 88.37.
Ulloa consideró que el principal reto como defensor del Pueblo será velar por la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social.
El aspirante dijo que se propone crear la magistratura del defensor del Pueblo en una gestión que encabece en esas funciones.
Manifestó que ha compartido sugerencias con expertos de otras naciones con el objetivo de que el defensor del Pueblo Dominicano pueda contar con las herramientas teóricas y prácticas para lograr las garantías de los derechos fundamentales y la buena administración pública.
