Las bancas de apuestas en República Dominicana han pasado de ser una actividad de entretenimiento a convertirse en parte de la vida cotidiana de los dominicanos. Su presencia es innegable y se extiende por cada rincón del país, convirtiéndose en un símbolo de la economía informal que ha crecido sin regulación efectiva. Sin embargo, detrás de esta realidad se esconde una oportunidad que el Estado aún no ha aprovechado plenamente.
Con más de 71,000 bancas en operación, muchas de las cuales se mantienen fuera del sistema regulado, la formalización de este sector podría abrir las puertas a un cambio profundo en nuestra economía y en la vida de nuestros ciudadanos. Porque no se trata solo de aumentar la recaudación fiscal; se trata de construir un sistema más justo, un país más transparente y una economía más sólida, en la que todos los sectores aporten al bien común.
La economía informal representa uno de los mayores desafíos para el desarrollo económico de nuestro país, y las bancas de apuestas no son la excepción. Actualmente, el Estado recauda alrededor de RD$1,500 millones anuales de aquellas bancas que operan bajo regulación, pero se estima que, si se lograra integrar al menos el 80% de las bancas informales, esta cifra podría superar los RD$15,000 millones anuales, representando aproximadamente el 2% del PIB. Este ingreso adicional podría marcar una diferencia fundamental para financiar áreas prioritarias como la educación y la salud, reducir el déficit fiscal y, en última instancia, mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos.
Durante la reciente ponencia en el GAT Showcase Santo Domingo, se presentó una propuesta innovadora y con visión de Estado: la implementación de un sistema de “juego decente”, enmarcado en una resolución liderada por el Ministerio de Hacienda. Esta iniciativa busca establecer un marco ético y transparente para la operación de las bancas de apuestas, donde todos los operadores cumplan con una normativa unificada. Uno de los pilares clave de esta propuesta es la creación de un monotributo que simplifique el esquema impositivo, asegurando que cada banca contribuya de manera justa al sistema tributario.
La propuesta del “juego decente” no es solo una estrategia de recaudación; es una respuesta a las realidades que viven los dominicanos en sus comunidades. A través de la “Ruta de los Derechos,” que me ha permitido recorrer cada rincón de la República Dominicana, he sido testigo de cómo la informalidad de las apuestas afecta a nuestras comunidades. En una comunidad rural, una madre se me acercó para expresar su preocupación por sus hijos, quienes crecían rodeados de bancas de apuestas desreguladas.
Con voz sincera, me explicó cómo los jóvenes, sin muchas alternativas de entretenimiento o empleo, se veían atrapados en un ciclo donde las apuestas se convertían en la principal distracción y, en algunos casos, en una adicción. Para ella, un sistema de “juego decente” que establezca límites claros y ofrezca recursos de prevención sería una forma de proteger el futuro de su familia y su comunidad.
Estas historias refuerzan la urgencia de un cambio en el sector. Formalizar las bancas de apuestas bajo un marco regulatorio ético no solo permitiría aumentar los ingresos fiscales, sino también construir un entorno más seguro y responsable. Esto abriría la puerta a programas de educación y prevención de la ludopatía, ofreciendo a las familias dominicanas un sistema de apoyo que hasta ahora no han tenido.
La experiencia de otros países de la región, como Colombia, sirve como modelo para la República Dominicana. En Colombia, el sector de juegos de azar se ha convertido en un importante pilar para la financiación de la salud pública. En 2023, la regulación y formalización de las apuestas aportaron más de 2.5 billones de pesos colombianos destinados a financiar el sistema de salud. Si aplicáramos un modelo similar, la República Dominicana podría obtener hasta un 1% adicional del PIB, lo que equivaldría a unos RD$20,000 millones anuales que podrían destinarse a inversión en infraestructura, programas sociales y otros sectores esenciales para el bienestar de nuestra población.
La formalización de las bancas de apuestas representa, además, una oportunidad para fortalecer la responsabilidad social en el sector. En un entorno regulado, el Estado podría exigir a los operadores que implementen programas de responsabilidad social enfocados en la prevención de adicciones y la educación sobre el juego responsable. Este cambio no solo beneficiaría a los ciudadanos, sino que también contribuiría a construir una imagen más ética y responsable del sector de apuestas en el país.
Asimismo, este proceso de formalización invita a repensar la estructura de la Lotería Nacional y su papel en el sistema de juego. La propuesta de integrar la Lotería Nacional al Ministerio de Hacienda no solo busca reducir costos administrativos, sino también centralizar la regulación y supervisión del sector de juegos de azar bajo una misma entidad.
Según la Ley 494-06, el Ministerio de Hacienda ya tiene la potestad de regular los juegos de azar, por lo que transferir las funciones de la Lotería Nacional a esta institución resulta en una estrategia lógica y necesaria para mejorar la eficiencia y el control en este sector. Con una estructura unificada, el Ministerio de Hacienda podría optimizar los recursos y establecer auditorías en tiempo real para las actividades de juego, aumentando así la transparencia y reduciendo las oportunidades de corrupción.
Formalizar las bancas de apuestas e integrar la Lotería Nacional a Hacienda es mucho más que un ajuste administrativo. Es una oportunidad para que el sector privado y el Estado trabajen juntos en un proyecto de desarrollo que beneficie a todos. Este proceso de formalización refleja una visión de compromiso hacia una economía más justa e inclusiva. Es hora de actuar con decisión y con una visión de futuro, para construir juntos un país más fuerte, con una economía que beneficie a todos y que nos permita avanzar hacia un desarrollo inclusivo y sostenible.
La formalización es, en última instancia, un acto de justicia y responsabilidad. Significa que todos contribuyan de acuerdo con sus capacidades y construir un país donde los beneficios del desarrollo lleguen a cada rincón. Con un sistema fiscal que abarque a todos los sectores y una estructura estatal que optimice los recursos, República Dominicana tiene ante sí una oportunidad para convertirse en un modelo de eficiencia, inclusión y transparencia. Con voluntad y visión, podemos construir un futuro en el que todos los dominicanos se sientan parte de una economía que funciona para ellos, y no al margen de ella.
