El término inglés es Welfare State, y hace referencia a la sociedad de consumo y desarrollada. Los inicios de esta política económica pueden remontarse al programa de la New Deal (Nuevo Tratado) promovido por el presidente norteamericano F.D. Roosvelt a partir de 1933 con el fin de salir de la crisis provocada por el crack del 29.
Se sustituyó el liberalismo económico de la época por un sistema mixto, que conjugaba la intervención estatal en la economía con las leyes liberales del mercado. Este modelo creó un nuevo tipo de relaciones sociales entre empresarios, trabajadores y estado, en base a la cobertura que el estado hizo de los servicios públicos básicos. Entre las leyes intervencionistas que se promulgaron, cabe destacar la que concedía subvenciones a los agricultores y ganaderos a cambio de una limitación de la producción. También creó una oficina de arbitraje para dilucidar los conflictos laborales. Elaboró un vasto programa de trabajos considerados de interés público o nacional. Devaluó el dólar para hacer subir las exportaciones y subir los precios.
Se denomina Estado de Bienestar al conjunto de acciones y ejercicios por parte del Estado (a través del Gobierno) en búsqueda de una mayor atención a la redistribución y bienestar general de la población.
En ciencias sociales, el Estado de Bienestar se basa en el ejercicio de la función pública, es decir, la intervención del estado en la economía y sociedad, para una mayor redistribución de la riqueza que mejora las condiciones socioeconómicas y de salud de la población. En otras palabras, persigue reducir la desigualdad económica y, al mismo tiempo, la desigualdad social.
Naturalmente, la principal vía de redistribución de la riqueza con la que cuentan los estados son los impuestos y tasas (política fiscal). A través de ello, obtiene ingresos de la renta, patrimonio y actividades económicas con las que luego puede desarrollar políticas públicas orientadas al interés general. De ahí que no toda la gente esté de acuerdo con el estado de bienestar, ya que supone retirar fondos de algunos agentes para invertirlos en otros, denominados clases pasivas.
Entre las medidas más habituales del estado de bienestar y que aún hoy están presentes, podemos encontrar la gratuidad y universalidad de los servicios de salud y educación, de alta calidad y a disposición de todas las personas que lo necesiten.
Desde el ámbito laboral, las prestaciones son una de las medidas principales, ya que los subsidios a las personas que pierden el empleo o las pensiones de jubilación, invalidez y orfandad son mecanismos que tratan de otorgar unos ingresos mínimos de subsistencia y dignidad a aquellas personas que podrían quedar en la marginalidad.
Con el tiempo, el fortalecimiento de los estados ha ocasionado que el estado de bienestar pueda extenderse más allá de lo anterior, como a ayudas a la vivienda, juventud, conciliación laboral y familiar y subvenciones a la actividad económica.
Prestaciones
Los gastos se cubren con los Presupuestos Generales del Estado. Con estas políticas de redistribución de la renta se busca proteger a los trabajadores de los cambios en los mercados y a los ciudadanos en general de las diferencias sociales. Con las prestaciones se busca que las personas con una desventaja económica o social dispongan de unos ingresos mínimos para evitar que caigan en la marginalidad.
Los estados del bienestar han ido evolucionando con el progreso de los países de forma que se han extendido más allá de los elementos básicos anteriormente mencionados. Surgen, de esta forma, otras medidas más avanzadas como ayudas a la vivienda, a la juventud, para la conciliación laboral y familiar, subvenciones para las actividades económicas….
El principal método del que disponen los gobiernos para redistribuir la riqueza necesaria para alcanzar el Estado del Bienestar es la recaudación de impuestos y tasas. De esta manera, el Estado necesita intervenir en la economía, retirando fondos de algunos ámbitos para destinarlos a otras partidas.
El gasto del gobierno para mantener el estado del bienestar puede dirigirse a tres grupos principales. Por un lado, las prestaciones contributivas se orientan a aquellas personas que han contribuido previamente a la sociedad a través de sus cotizaciones. Por otro lado, las prestaciones universales se dirigen a toda la población y para concederse necesitan solamente el requerimiento por parte de estas. Por último, estarían las prestaciones compensatorias, designadas a ayudar a aquellos colectivos sin o con escasos recursos.
Las críticas que recibe este sistema, especialmente por parte de los sectores más liberales, argumentan que el estado está sustrayendo recursos a los ciudadanos que producen para mantener a los que no crean riqueza. Consideran que no se trata de justicia social sino de una especie de robo.
Defensor Del Pueblo y Políticas Públicas
El Defensor del Pueblo además de los puntos esbozados que implica visión del Estado, Economía, Finanzas Publicas, conocimiento del Gobierno y de los poderes y Extrapoderes que marcan el régimen de funcionamiento. Requiere conocer el concepto de Políticas Publicas, específicamente las siguientes:
- Educación
La escuela pública, hoy maltrecha por los efectos de la pandemia, sufre la falta de recursos por los recortes, el abandono escolar y la brecha digital. ¿Qué se puede hacer para salvar uno de los grandes pilares del Estado de bienestar?
- Impuestos
El coronavirus ha desencadenado una recesión de dimensiones históricas. Dominicana ha tenido que aumentar su deuda pública y el déficit está a punto de batir un récord. Para paliar el desajuste, solo hay dos caminos: recaudar más, o reducir el gasto.
- Ingreso Mínimo
En que momento podremos evolucionar en nuestras políticas de asistencias sociales y pasar al nivel superior. ¿Estamos ante un primer paso hacia la renta básica universal?
- Salud
El Sistema Nacional de Salud ha sufrido su mayor crisis en un siglo. La pandemia llegó tras años de recortes y precariedad y vapuleó el sistema dominicano de salud pública: para la posteridad quedan episodios vergonzantes como los mayores fallecidos sin asistencia. Ahora urge aumentar el gasto para alcanzar, al menos, la media latinoamericanos. Y hay que acordar reformas y despolitizar el sector: menos cargos de confianza y más profesionales de la salud.
- Sostenibilidad
En República Dominicana se juega mucho en la transición ecológica que ahora debe abrirse, porque es un país muy expuesto al calentamiento. La salida de la crisis originada por la pandemia tiene que ser sostenible. A favor tenemos la abundancia de recursos naturales y a una población pendiente a ser concienciada
- Pensiones
España ve cómo se desploman los nacimientos, se vacía el Fondo de Reserva y se ahonda en el déficit de la Seguridad Social. ¿Qué políticas necesitamos para garantizar el futuro de las pensiones?
- Digitalización
La digitalización de República Dominicana, ya de por sí urgente antes de la pandemia, debe acelerarse. El objetivo: no dejar a nadie fuera y reanimar la economía pero con el debido sentido tecnológico para contar con un gobierno electrónico que use la Big Data para fines estratégicos.
- Conciliación / Familia
La pandemia ha dejado a niños, ancianos y enfermos con menos apoyos que nunca, y el peso de sus cuidados recae sobre las mujeres. Para no retroceder décadas en igualdad urge que haya corresponsabilidad con los hombres y que el trabajo sea (de verdad) flexible, insisten los expertos. Solo lo conseguiremos poniendo recursos
- Calidad del Empleo
El mercado laboral sufre una elevada tasa de suspensiones, una gran temporalidad, despidos y continuos vaivenes con las crisis. El reto está en reducir la precariedad, apostar por la formación e individualizar la atención a los parados para que logren trabajo
Ser un Defensor del Pueblo implica ser un apoyo para que los Gobiernos tengan una figura Constitucional que le pueda brindar información de la calidad de los bienes y servicios públicos, los desmadres que la Administración produce y garantizar los Derechos Fundamentales consagrados en nuestro bloque de Constitucionalidad.
