04 de noviembre del 2021
Santo Domingo.- El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, enfatizó la apremiante necesidad que tiene el país de que sea aprobado el proyecto de ley orgánica de derechos de participación ciudadana y mecanismos de control social, que cursa en el Congreso Nacional, al tratarse de una pieza de vital relevancia para el fortalecimiento del ejercicio democrático dominicano.
Al disertar en el Seminario sobre el proyecto de ley orgánica de derechos de participación ciudadana y mecanismos de control social, invitado por la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Ulloa explicó que, si bien con la Constitución del 26 de enero de 2010 se cambió de una democracia representativa a una participativa, son necesarias leyes que permitan esclarecer el uso de los mecanismos de involucramiento social allí consagrados.
“El uso de los mecanismos de participación social contemplados en los artículos 22, 203 y siguientes de la Carta Magna está limitado por la ausencia de regulación. Es impostergable aunar esfuerzos con todos los sectores de la sociedad para apoyar los trabajos que se realizan desde este Congreso, a fin de aprobar una legislación que permita la consagración de los derechos derivados de la democracia directa”, agregó.
El Defensor del Pueblo también destacó la necesidad de revisar y socializar los presupuestos para el ejercicio de la figura del referendo en cualquiera de sus modalidades, así como de pensar en perspectiva con relación a aspectos que inciden en su materialización. A su juicio, se debe analizar la frecuencia en que podrán ser utilizados estos mecanismos de participación, pues, “si se realizan muy fácil y frecuentemente, pueden volverse desacreditados”.
“Esta ley requiere deslindar su alcance, su carácter vinculante o no, a partir de los tipos de referendo contemplados”, prosiguió. Asimismo, Ulloa observó que el Estado tiene la obligación de jugar un papel de formación hacia una cultura participativa de la ciudadanía y detalló el compromiso de la institución que dirige en apoyar el incentivo a una verdadera construcción de ciudadanía.
“Desde el Defensor del Pueblo apostamos a la educación como elemento sustancial dentro del proceso de empoderar a nuestros ciudadanos como sujetos políticos. Sin una ciudadanía dinámica, responsable, activa y consciente estos presupuestos constitucionales se relegarían a letra muerta”, puntualizó.
En la actividad participaron, además, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de ese órgano legislativo, Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, así como el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, entre otros.
