Crecimiento económico y justicia social: hacia un futuro sostenible en República Dominicana

En una comunidad dominicana, una madre observa cómo los vientos de un huracán amenazan con arrasar su hogar. Con el corazón lleno de incertidumbre, se pregunta cómo sobrevivirán si el trabajo sigue siendo inestable.

El turismo, del cual dependen tantos en su comunidad, ha sido duramente golpeado por la pandemia y el clima cada vez más impredecible. Sin embargo, en medio de las dificultades, también hay resiliencia. Esta escena refleja lo que muchas familias dominicanas enfrentan hoy, y al mismo tiempo plantea una pregunta crucial: ¿cómo podemos avanzar hacia un futuro más justo y sostenible?

A lo largo de su historia, la República Dominicana ha superado numerosos desafíos. Hoy, la economía ha crecido, pero este crecimiento no ha llegado a todos por igual. Las disparidades entre las zonas urbanas y rurales siguen siendo marcadas, y muchas personas aún luchan por acceder a servicios básicos como la educación y la salud. Aquí es donde la justicia social se vuelve esencial. Nuestra Constitución, en su artículo 8, reconoce el derecho de todos los dominicanos a una vida digna, y garantiza que el desarrollo económico debe beneficiar a todos, no solo a unos pocos.

Para que el crecimiento económico se traduzca en mejoras reales en la vida de las personas, debe ir acompañado de políticas que aseguren que los beneficios lleguen a todos los rincones del país. Karl Polanyi, en su obra La Gran Transformación (1944), argumenta que el mercado no puede estar desligado de los valores sociales, y que la economía debe estar al servicio del bienestar común. En la República Dominicana, esto implica que las políticas públicas, tanto a nivel nacional como local, deben estar diseñadas para reducir las desigualdades y mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables.

Es en este contexto donde los actores locales, como los gobiernos municipales, las empresas y las organizaciones comunitarias, juegan un papel clave. La implementación de políticas que generen un impacto real en la vida de las personas depende de la capacidad de estos actores para movilizar recursos, coordinar esfuerzos y asegurarse de que las soluciones lleguen donde más se necesitan.

Uno de los grandes desafíos estructurales que enfrenta nuestro país es la deuda pública, que limita la capacidad del Gobierno para invertir en infraestructura y servicios sociales. Paul Krugman, en End This Depression Now! (2012), sostiene que si bien el endeudamiento puede ser necesario para impulsar el crecimiento en tiempos difíciles, debe gestionarse de manera responsable para no comprometer el futuro. En este contexto, las micro y pequeñas empresas (Mipymes) son fundamentales para fortalecer la economía local. Estas empresas representan el 98% de los negocios en la República Dominicana y generan el 50% del empleo formal. Apoyar a las Mipymes con financiamiento y asesoramiento no solo crea empleos, sino que también fortalece el tejido económico desde la base, lo que genera una economía más inclusiva y resistente.

El artículo 62 de nuestra Constitución reconoce el derecho al trabajo digno y establece que el Estado debe fomentar el empleo formal. Esto significa que las políticas deben centrarse en crear las condiciones necesarias para que todos los dominicanos tengan acceso a empleos seguros y de calidad. El apoyo a las Mipymes y la creación de empleos formales son pasos cruciales hacia este objetivo.

Sin embargo, para que estas medidas tengan éxito, también es necesario que el acceso a servicios esenciales como la salud y la educación sea universal y equitativo. Amartya Sen, en Development as Freedom (1999), destaca que el desarrollo no puede medirse solo en términos de crecimiento económico, sino en la expansión de las libertades y oportunidades de las personas. En la República Dominicana, esto significa garantizar que las comunidades más desfavorecidas tengan acceso a servicios que les permitan mejorar su calidad de vida y participar plenamente en la economía del país.

Además, la equidad de género es fundamental para alcanzar un desarrollo sostenible. Las mujeres dominicanas juegan un papel central en la economía, y si se eliminara la brecha de género, el país podría aumentar su PIB en un 16%, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo. La Constitución, en su artículo 55, refuerza el derecho a la igualdad de género, y es crucial que los actores locales trabajen juntos para garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres en todos los sectores de la sociedad.

El cambio climático es otro desafío que no puede ser ignorado. Las islas del Caribe, incluida la República Dominicana, están en la primera línea de esta crisis global. Sin embargo, esta vulnerabilidad también puede verse como una oportunidad para liderar una transición hacia una economía más verde y sostenible. Tim Jackson, en Prosperity Without Growth (2009), sostiene que es posible alcanzar un desarrollo próspero sin depender exclusivamente del crecimiento material, y que las economías deben evolucionar hacimodelos más sostenibles.

Nuestra Constitución, en su artículo 67, nos recuerda que tanto el Estado como los ciudadanos tienen la responsabilidad de proteger el medio ambiente. Esto implica desarrollar políticas que fomenten las energías renovables y promuevan prácticas sostenibles, no solo para garantizar nuestro futuro, sino también para crear empleos verdes que fortalezcan la economía y protejan el planeta.

La historia de la madre dominicana que mira con esperanza y temor hacia el futuro es, en muchos sentidos, la historia de nuestro país. A pesar de los desafíos, tenemos el potencial de construir un mañana más próspero y justo. Con la participación activa de los actores locales y un enfoque basado en los principios de justicia social y sostenibilidad, podemos asegurar que el crecimiento económico beneficie a todos los dominicanos.

Nuestra Constitución nos ofrece el marco legal para avanzar hacia un futuro en el que el bienestar y la justicia social sean una realidad para todos. Con el esfuerzo conjunto del Estado, las comunidades locales y el sector privado, podemos crear un país más equitativo y sostenible, donde cada ciudadano tenga la oportunidad de prosperar. Como bien expresó Pedro Henríquez Ureña: “Todo pueblo será grande mientras sepa mantenerse fiel a su ideal”. Este ideal de justicia, prosperidad y bienestar para todos tiene que ser el motor que impulse nuestro futuro.

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