Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la diócesis de La Altagracia, instó este sábado a las autoridades a que el Centro de Retención Vehicular “El Coco” (Canódromo), sea desmantelado tras el incidente registrado en días pasados, donde fueron agredidos el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa al igual que periodistas y camarógrafos de medios de comunicación.
Los miembros de la oficina del Defensor del Pueblo y la prensa fueron agredidos por miembros de la Digesett, cuando pretendían realizar una inspección ante las denuncias de la forma en que está siendo administrado el Canódromo
Reprochable, vergonzosa, grosera e inaceptable violación a la libertad de prensa. Así calificaron varios directores de medios de comunicación dominicanos el suceso ocurrido el pasado lunes cuando el Defensor del Pueblo y miembros de la prensa fueron agredidos por el personal del canódromo El Coco, una dependencia de la Dirección General de Tránsito Terrestre (Gigesett).
La coronela Isabelita de los Santos Pérez, quien hasta este lunes fungía como encargada del Centro de Retención Vehicular conocido como “El Canódromo” será interrogada la semana próxima por la Fiscalía del Distrito Nacional, así como los miembros de la prensa agredidos.
La Federación Iberoamericana del Defensor del Pueblo (FIO) condenó la agresión de la que fue víctima Pablo Ulloa, el defensor del pueblo dominicano, en el marco de una visita de inspección al centro de retención vehicular conocido como El Canódromo.
El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (Onpeco) condenó este jueves el atropello al defensor del Pueblo y a los periodistas que le acompañaron en el canódromo.
El director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, informó que dieron inicio al proceso de investigación del incidente donde fue atropellado el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, así como periodistas del Listín Diario y CDN, hecho ocurrido en el Canódromo el pasado lunes.
La Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología penaliza el acceso ilícito a sistemas electrónicos, informático, telemático y de telecomunicaciones y establece prisión de hasta tres años y multas de dos a 400 salarios mínimos por la supresión o modificación de datos o la revelación y difusión indebidamente de carácter confidencial.
El presidente Luis Abinader afirmó ayer que los miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) culpables de borrar la data de un teléfono celular del Listín Diario serán investigadas y si corresponde procesados, porque ese tipo de actos tiene consecuencias en su gobierno.
El incidente con el Defensor del Pueblo y su personal en el Canódromo podría ser el inicio del fin de las malas prácticas en ese lugar, si es que así lo quieren las autoridades.
Soy un dominicano que quiero seguir aportando a mi país. En este momento como Defensor del Pueblo, lucho por los derechos de todas las personas de mi tierra.
Soy un dominicano que quiero seguir aportando a mi país. En este momento como Defensor del Pueblo, lucho por los derechos de todas las personas de mi tierra.
Soy un dominicano que quiero seguir aportando a mi país. En este momento como Defensor del Pueblo, lucho por los derechos de todas las personas de mi tierra.
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