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HELENNY AMPARO / RAMÓN CRUZ BENZÁN
Santo Domingo, RD
11 Mayo 2022
Treinta días después de la brutal agresión policial de que fueron víctimas un grupo de periodistas del Listín Diario, de CDN canal 37 y el Defensor del Pueblo y sus asistentes, el país no conoce la situación de la investigación ni el curso de las querellas interpuestas por los agraviados.
Entre las doce y la una de la tarde del 11 de abril pasado, la libertad de prensa en la República Dominicana sufriría un golpe porque lo que se consideraba una labor normal de la prensa para investigar las denuncias de extorsión a propietarios de vehículos retenidos en el Canódromo El Coco, se convirtió en una agresión, despojo de equipos de trabajo periodístico y golpeo físico a periodistas y el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa.
Oficiales y miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) que retienen vehículos en el Canódromo El Coco impidieron violentamente la labor de la prensa y la inspección del Defensor del Pueblo.
Los policías golpearon con macanas, palo de golf y puños a los periodistas, lo que fue registrado por videos que inundaron los medios de comunicación y las redes sociales.
Lo que siguió al atropello fue la destitución de la coronela Ysabelita de los Santos Pérez y luego el traslado de todo el personal que prestaba servicio allí. Al día siguiente de retener el equipo de Listín Diario y CDN, oficiales de Digesett los devolvieron, pero habían borrado la data del celular, en un acto de censura previa inadmisible donde se respeta la libertad de prensa.
Director se disculpa
El director de la Digesett, general de la Policía Ramón Antonio Guzmán, visitó por separado al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y al director del Listín Diario, Miguel Franjul, a quienes pidió excusas públicas por el atropello y prometió sanciones para los culpables.
Como parte de la pesquisa la fiscalía de Asuntos Internos remitió al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), el teléfono celular del Listín Diario, donde se denuncia fueron borrados los vídeos y fotografías del incidente, para ser sometido a prueba forense.
La autorización para el análisis forense fue hecha por la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, tras la solicitud de la fiscal Santa Reyes, coordinadora de Asuntos Internos de la Fiscalía.
Igualmente ha sometido a interrogatorios a los agentes de la Digesett que se encontraban de servicio el día que el Defensor del Pueblo y su personal se presentaron a una inspección al Centro de Retención Vehicular (Canódromo), tras denuncias de irregularidades.
También han sido entrevistado el personal que acompañó a Ulloa el día que se produjo el incidente, donde además fue agredida la periodista del Listín Diario, Lourdes Aponte, el fotógrafo Raúl Asencio, y Víctor Olivo reportero gráfico de CDN, quienes también fueron entrevistados.
Comisión
Entre las acciones que se han desprendido del suceso, resalta la creación de una comisión de instituciones gubernamentales para desarrollar los trabajos de elaboración de un plan que permita solucionar la problemática de la retención y devolución de vehículos en el centro de retención vehicular de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el Canódromo El Coco.
El grupo de trabajo quedó conformado por representantes de la Contraloría General de la República, el Ministerio de Interior y Policía (MIP), el Defensor del Pueblo, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Digesett.
Esta comisión se reunió el 29 del pasado mes y avanzaron que en el próximo encuentro, que aun no se ha efectuado, se designarían los grupos de trabajo para cada centro de retención.
Entrega de vehículos
Asimismo, se examinaría el estatus jurídico de todos los vehículos y se realizaría una entrega “expedita” a los ciudadanos que demuestren la documentación que los acrediten como sus legítimos propietarios.
Acusa a la Policía
El clima de libertad de prensa en la República Dominicana se enturbió en las últimas semanas debido a ataques de agentes de Policía a periodistas, denunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su informe preliminar de medio año.
El motivo
En su documento, que será sometido a aprobación en la próxima reunión semestral de mitad de año, la SIP subrayó que policías reprimieron y despojaron de sus equipos de trabajo a reporteros del Listín Diario y de varios noticieros de televisión que acompañaban al defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, durante una inspección a un depósito de vehículos que son retenidos por violaciones a la ley de tránsito.
