(Obtenido de «El Universal Digital» Ver Original) El abogado Pablo Enrique Ulloa solicitó hace varias semanas al personal del Ministerio Público solicitar una instancia al Consejo del Ministerio Público para preparar las cárceles ante la crisis de la pandemia del COVID-19.
“En su momento le pedimos sacar a presos preventivos, con delitos no violentos, infractores primarios y personas condenadas a penas inferiores o que hayan cumplido más de la mitad de su pena”, comentó.
El jurista manifestó que la iniciativa incluso pudiera tener diferentes tipos de medidas según el criterio del Ministerio Público y el tipo de pena impuesta.
“Pero debe estar enfocada en los más de 16,000 presos preventivos del país; que representan más de un 61% de la población carcelaria” consideró.
Agregó que para el restante 38 por ciento que representa más de 10,000 condenados; el Ministerio Público tiene la capacidad de movilizarlos en recintos y lugares en grupos pequeños y distanciados.
Manifestó que lo único que conllevaría sería una eficiencia en la logística y capacidad operativa de la institución.
“Esperamos no sea tarde para tomar la decisión, ya que la población carcelaria del país es muy grande y no posee en su gran mayoría las condiciones mínimas de sanidad para evitar el contagio comunitario”, comentó Pedro Pablo Ulloa.
