EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, afirmó que la Ruta de los Derechos es una iniciativa alineada con el plan estratégico institucional de su gestión, cuyo objetivo es no solo cumplir con sus funciones, sino también promover el valor de la sensibilidad, la eficiencia, la transparencia y la honestidad para el fortalecimientos de los derechos.
Ulloa sostuvo que este proyecto busca acercar los servicios del Defensor del Pueblo a las comunidades y sensibilizar sobre los derechos fundamentales a toda la población.
El defensor criticó la centralización de las funciones del Estado, señalando que, aunque muchas instituciones han descongestionado sus funciones trasladando oficinas a las provincias, las decisiones clave aún se toman en la sede central.
“Una de las críticas más coherentes es la centralización de las funciones estatales. Muchas instituciones han descentralizado algunas oficinas, pero las decisiones importantes no recaen en un representante local”, explicó.
Pablo Ulloa habló en esos términos al ser entrevistado por las comunicadoras Nadia Andújar y Kamila Merejo, en la cobertura especial “Ruta de los Derechos” desde la provincia Duarte, transmitida por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.
Ulloa puso como ejemplo al Ministerio de Educación, que cuenta con 18 direcciones regionales, y al Ministerio de Salud Pública, con nueve. Según el defensor del Pueblo, la distribución territorial actual no guarda coherencia con las necesidades de las provincias, lo que refleja una falta de alineación entre la ley de distribución territorial y las competencias estatales.
El defensor también criticó la situación de los ayuntamientos, señalando que los recursos asignados a los municipios son insuficientes para cubrir sus necesidades. “Si le preguntas a un alcalde cómo ejecuta cualquier obra, te dirá que el presupuesto no le alcanza. No estamos cumpliendo con la ley de municipalidad en cuanto a los ingresos que reciben los municipios”, expresó.
Asimismo, subrayó que la descentralización es esencial, pero que su implementación sigue siendo deficiente, lo que afecta directamente a los ciudadanos, quienes enfrentan grandes limitaciones para acceder a los bienes y servicios básicos.
En ese sentido, dijo que la descentralización tiene que ser una realidad y que por eso en los municipios hay, alcalde, gobernadora, diputados y senadores quienes tienen que asumir gasto de carácter social y eso tiene que ver justamente con esos niveles de pobrezas que hay en cada provincia que no pueden ser enfrentados, sino es que va una institución de la capital a llevarles bienes y servicios, más bienes que servicios. “Porque en las provincias tienen que esperar que vaya un director o u ministro a resolver un problema que a todas luces se puede resolver internamente si hubiera recursos económico” cuestionó.
Esta cobertura especial llega a ustedes gracias al Defensor del Pueblo.
