Santo Domingo, RD. viernes, 12 de agosto de 2022
El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, respaldó el protocolo creado por las autoridades para la entrega de los vehículos retenidos en los centros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), el cual otorga un plazo de 90 días a los propietarios para que pasen a retirarlos.
Pero dijo que se mantendrán vigilantes y atentos a la implementación de la medida, que entiende, beneficiará a los propietarios de vehículos retenidos, especialmente de las motocicletas.
“Exhortamos a la población acompañarnos en el proceso de veeduría y supervisión de esta decisión que permitirá resolver un problema que se hacía más complejo con el paso del tiempo”, escribió Ulloa en su cuenta de twitter.
Protocolo
El protocolo fue aprobado el 10 de agosto por una comisión designada por el presidente Luis Abinader, con el propósito de solucionar los problemas que confrontan los ciudadanos para el retiro de sus vehículos.
Está integrada por el Ministerio de Interior y Policía, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Dirección General de Aduanas (DGA), el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTRANT), la Policía Nacional y la Digesett.
El protocolo establece que los vehículos no reclamados en el plazo otorgado, serán subastados o convertidos en chatarras. La medida aplica para los vehículos retenidos desde agosto del 2020 a la fecha de publicación del comunicado, el 10 de agosto.
La disposición está amparada en el artículo 243, párrafo 1, de la ley 63-17. En el comunicado, se detalla que los propietarios deben presentar acta de infracción, matrícula, cédulas o documentos de identificación, seguro y licencia de conducir.
También pueden ser retirados por los compradores de buena fe, presentando la documentación correspondiente.
11 abril 2022
El pasado 11 de abril, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, la periodista de Listín Diario Lourdes Aponte, el fotógrafo Raúl Asencio y un camarógrafo de CDN canal 37 fueron agredidos por agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), en el Canódromo.
